Historia

Nuestros inicios

A inicios de 1996, por fin se consolido la idea de fundar una organización sindical al interior de la Procuraduría General de la Nación. Ya en algunos momentos previos, especialmente a finales de los años ochenta, se produjeron algunos intentos, que no pasaron de reuniones de buenas intenciones, en las que prevaleció el miedo, quizá la mayor oportunidad que se tuvo acaeció cuando los salarios de los servidores de nuestra Procuraduría fueron desnivelados con los de la Rama Judicial, en el año de 1993, cuando ejercía como Procurador el doctor CARLOS GUSTAVO ARRIETA. En ese momento el inconformismo llego a ser tal que incluso en un noticiero de televisión se manifestó que al interior de la entidad se respiraba un gran inconformismo situación que derivó en la realización de una reunión en el auditorio del cuarto piso en Bogotá, oportunidad en la que intervino el Procurador en compañía de la doctora Leila Quintana de Decastell.

Lo cierto es que en Medellín, por fin se consolidaba la idea con el empuje característico de esta estirpe montañera. Según lo que me contaron, las discusiones en febrero de ese año, todas realizadas a escondidas, se ocupaban principalmente de determinar la naturaleza de la organización, algunos pensaban en que debía conformarse como una asociación y otros que debería llamarse sindicato, pues esencialmente lo que se perseguía era la defensa de los derechos de los trabajadores de la entidad, finalmente triunfo la tesis de denominarnos sindicato de trabajadores.

La primera reunión contó con la presencia de 48 empleados de la entidad que laboraban al servicio de las diferentes dependencias de la Procuraduría en Medellín, pero resultó fallida debido a que no se tuvo en cuenta que también debían aprobarse los estatutos, que se fundamentaron en los de ASONAL judicial, por ello, el temor cundió por doquier cuando se informó sobre la necesidad de volver a reunirse en asamblea para aprobarlos. Esa reunión se llevó a cabo en la sede del edificio Cosmos y casi no se consigue reunir el quórum de veinticinco personas, lo que finalmente se consiguió con el concurso de los directivos nacionales de entonces. Le debemos a esos 26 compañeros y compañeras todo el esfuerzo a favor de la causa de defensa de los derechos de los trabajadores, pero destacaremos el papel cumplido por ENRIQUE Page 2 ARBELAEZ, JAVIER GARCIA, CARLOS TULIO FRANCO CUARTAS, FREDY HINCAPIE ARANGO, IGNACIO MONCADA QUJNTERO, ALVARO OCAMPO, JHON JAIR, que antepusieron sus intereses y lucharon por los de los demás. En este punto es pertinente un llamado en el sentido que se tenga en cuenta que además de la defensa de los derechos de los trabajadores, también fue principalmente la de defender nuestra entidad en una de las perores crisis que hemos atravesado desde su fundación en 1830. La que se veía amenazada por el apetito de la clase política.

La primera bandera que arrió nuestra dirigencia fue la de exigir la conformación de la Comisión de Carrera Administrativa, hecho que se consiguió cuando esta comisión se reunió por primera vez el primero de junio de 1996 y abordó, casi de inmediato, lo concerniente a la inscripción automática en carrera administrativa, logro que estuvo salpicado de dificultades que gracias Dios fueron sorteadas de buena forma y culminaron con la inscripción de 1711 empleados en carrera administrativa el 16 de julio siguiente. Ello era fundamental debido a que todos conocíamos de la posibilidad de que la norma que lo permitía, el artículo 155 de la Ley 201 de 1995, fuera declarada inexequible por la Corte Constitucional, situación que dinamizo el actuar decidido por parte de nuestra organización sindical.

Antes de conseguir la anhelada estabilidad, se habían iniciado negociaciones con la administración, en esos momentos a cargo del doctor JOSE LEON JARAMILLO, por cuanto el titular del despacho de Procurador General se encontraba privado de la libertad, las que giraban, además del tema de carrera administrativa, en lo que tenía que ver con la nivelación de los salarios de los servidores de la Procuraduría con los empleos de la Rama Judicial, gracias a lo cual, después de muchas gestiones, audiencias con senadores, entre los que se destaca LUIS ELMER ARENAS, logramos tener reuniones con el Ministro de Hacienda y funcionarios de palacio de Nariño, como el doctor JAIME ARRUBLA , amigo del doctor CARLOS TULIO y actualmente Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

Cuando dejó el Ministerio Público el doctor CARLOS EDUARDO MONTOYA MEDINA, que reemplazó al Procurador Titular, en la Procuraduría se respiró un aire nuevo y por ello nuestro presidente nacional, doctor JAVIER GARCIA, saludo al nuevo Procurador diciendo: “Bienvenida la academia”, las buenas relaciones parecían imponerse y en el primer semestre de 1997, se vislumbraba la posibilidad de que se podrían alcanzar muchos de los beneficios por los que se venía luchando. El nuevo Procurador fue el doctor JAIME BERNAL CUELLAR, con quien se iniciaron acercamientos y parecía iba a convertirse en un hombre respetuoso de los derechos de los servidores de la entidad, situación que lamentablemente cambio. No mucho tiempo después.

En febrero de ese año, se logró la implementación de una prima por servicios prestados, hecho que estuvo precedido de mítines, cierre de las instalaciones de la entidad en Bogotá, toma de calles, denuncias ante la opinión pública, entrevistas en noticieros que jamás eran presentadas, pero que demostraban que nuestra organización era dinámica y se desarrollaba a pasos agigantados. Luego se llevaron a cabo las gestiones que culminaron con la consecución de 7.240 millones de pesos, que era el costo estimado para le época de la nivelación con la rama judicial, hecho que significó la ruptura con el Jefe del Ministerio Público, en la medida que éste nos traicionaba, prometiendo cosas, pero trabajando en procura de sus propios intereses y los de la clase política, al destinar los recursos mencionados, no a la nivelación salarial sino a la creación de 160 cargos de asesores grados 24. Este hecho, que lo advertían algunos amigos granjeados en la lucha y desmentidos reiteradamente por el Procurador, terminaron por romper las ya agrietadas relaciones, situación que explica la fiesta que se armó en Bogotá, con papayera, al conocer que el doctor JAIME BERNAL CUELLAR no fue incluido en la lista para ser reelegido en tan importante cargo.

Mientras todo esto ocurría, nuestra organización se consolidaba y crecía en todo el territorio nacional, constituyendo directivas en Norte de Santander, Cauca, Valle del Cauca, Magdalena, Cartagena, y comités en San Andrés, Guajira Valledupar y Villavicencio. Con motivo de la ruptura de relaciones con la administración, el trabajo a desarrollar se llevó a cabo de manera tesonera, buscando escenarios en los que hiciéramos conocer la realidad por la que atravesaba nuestra entidad, pero lamentablemente el discurrir de nuestra entidad, por poder del Procurador y la inexperiencia nuestra, nos cerraron los espacios, situación que generó el nacimiento de nuestro periódico CAMBALACHE, medio de difusión que permitió que las esferas del poder público, entre los que se destacan magistrados de las altas cortes, se opusieran a la reelección del doctor BERNAL CUELLAR. Sobre este particular, en el Consejo de Estado, cuando se estaba discutiendo sobre el tema, un Magistrado manifestó, refiriéndose a nuestro periódico, que “en sus manos tienen una prueba de por qué JAIME BERNAL CUELLAR no puede ser nuevamente elegido Procurador General”. En esos tiempos, además de la lucha por la estabilidad para la mayoría de los servidores de la entidad, también se adelantó la que buscaba que los procuradores judiciales penales y administrativos también tuvieran derecho a la carrera administrativa y que sus empleos dejaran de ser de libre nombramiento y remoción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 280 de la Carta Política, derecho que no se consolido debido a que cerca de trescientos de estos servidores, acudieron ante el despacho del Procurador, manifestándole su solidaridad, frente a lo que consideraban “ataques injustos del sindicato” y expresando su satisfacción por ser de confianza del Procurador y por ende, de libre nombramiento y remoción. Frente a este hecho, nuestra organización quedó prácticamente sola en esa pretensión y por ello no alcanzamos el éxito esperado sabiendo, en el fondo que en la realidad lo que se escondía era un profundo temor a concursar por los cargos que detentaban.

Las Luchas de SINTRAPROAN han estado signadas por una sincera vocación de servicios y por ello no se abandonó la bandera de la nivelación salarial con la Rama Judicial, pero sabiendo que cada día, mes y año que transcurría, hacia más difícil la consecución de este logro. En el año 2000, sostuvimos una reunión con el ahora Presidente de la República, doctor JUAN MANUEL SANTOS CALDERON, por aquella época Ministro de Hacienda y allí se nos ofreció nivelar a todos los cargos de profesionales, ante lo cual partió la propuesta de nivelar primero del grado 03 a 14 y al año siguiente los profesionales, contrapropuesta que no fue aceptada por el gobierno, pero que afianzo nuestra lucha en la medida que demostramos que el axioma de “todos en la cama o todos en el suelo” era una realidad para los servidores de nuestra entidad.

Luego de haber alcanzado la inscripción en la carrera administrativa, se imponía otra lucha por consolidar la carrera al interior de la entidad, máxime si se tenía conocimiento que los concursos eran amañados, y ya se sabía con antelación quien lo iba a ganar, situación que se constituía en un engaño para la mayoría de quienes aspiraban a ingresar a nuestra prestigiosa entidad o querían ascender en el escalafón de la carrera administrativa, hechos que motivaron que impulsáramos grupos de estudios encargados de elaborar una propuesta de carrera administrativa que cobijara a la mayoría de los servidores de la entidad. Uno de esos grupos se constituyó en Bogotá y con motivo de ello se viajó a Medellín, donde también se había trabajado, y se construyera la propuesta que luego se convirtió en la esencia de la carrera que hoy cobija a los empleados en el Decreto 262 de 2000. Sobre este particular, no se puede dejar de lado recordar que todavía nuestra organización mantiene su axioma de defender y hacer respetar la dignidad de los trabajadores de la Procuraduría General de la Nación.

Haber logrado la inscripción automática en carrera administrativa, luego la implementación y reglamentación de la misma al interior, sin duda se constituyeron en enormes triunfos que beneficiaban a la administración pública y la preservaban frente a los interés de la clase política, que han visto a nuestra entidad como un fortín político y que les permiten influir, de alguna manera, en las decisiones que nos corresponde, que no han sido suficientes todavía, pero han marcado un hito en beneficio de la transparencia que debe distinguir nuestro actuar. Antes de la expedición del Decreto Ley 262 de 2000, nos regía la Ley 201 de 1995 y su Decreto Reglamentario 1732 de 1997, normas que permitían la calificación por servicios prestados, pero sin ningún tipo de cortapisa, situación que daba vía libre al ejercicio de la arbitrariedad en esa materia y proliferaban, por doquier, las calificaciones insatisfactorias. Esta situación generó una propuesta que fue incorporada al Decreto y es que las calificaciones fueran actos motivados, logro que ha frenado el ejercicio arbitrario del poder y permitido la profesionalización de los servidores de nuestra entidad.

En el año 2001, nuevamente nuestra carrera administrativa estuvo en riesgo y la mayoría de los que laboramos en este organismo, escuchábamos fuertes rumores que indicaban que la carrera sería declarada inexequible por la Corte Constitucional, lo que finalmente no se produjo, pero el costo fue la declaratoria de inconstitucionalidad de los concursos de ascenso o cerrados, a los que tanto esfuerzo dedicamos, para los que se requería que al menos cinco empleados reunieran requisitos, para que se adelantaran.

No podemos dejar de lado recordar que además de los logros mencionados, se alcanzó que se mantuviera en sus empleos a las señoras de servicios generales, amenazadas de ser suprimidos sus cargos, al igual que los de citadores, oficinistas y conductores. A las primeras se acordó mantenerlas en sus puestos, siempre que no se convocara a nuevos concursos y permitirles pensionarse, cosa parecida ocurrió con los oficinistas y conductores. El doctor BERNAL, luego del engaño por la creación de los Asesores Grado 24, adelantó una “precaria nivelación de cargos”, suprimiendo unos grados y nivelándolos al Page 6 grado superior, fue así como se nivelaron los oficinistas grado 06 a sustanciadores 08 de las procuradurías agrarias, demostrando la “tacañería” por no haberlos nivelado de una vez a grados 11, hecho que ha generado una distorsión e inequidad en estas materias, que mantiene la lucha viva por la defensa de los derechos de estos compañeros, situación que seguramente alcanzaremos en una futura reestructuración.

De igual manera nuestra organización logró la implementación de un régimen de estímulos e incentivos, que ha permitido que, amén del reconocimiento y la medalla, sean encargados de empleos superiores, siempre que reúnan los requisitos para el respectivo empleo. En el mismo sentido, hemos llevado hasta el Despacho del Procurador el clamor de muchos servidores, con años de servicio, a quienes nunca se les ha efectuado un reconocimiento como premio a su abnegada labor, en algunos casos, no tantos como quisiéramos, hemos alcanzado una que otra satisfacción, que ha redundado en un renovado compromiso para con la noble labor que cumplimos día a día.

Pasados estos quince años, el balance a favor de SINTRAPROAN es altamente positivo, hemos avanzado en procura de alcanzar el bienestar de la mayoría de nuestros servidores, nuestro prestigio ha crecido, al igual que el reconocimiento nacional e internacional y ya de nosotros se habla en muchos rincones de la tierra. En este terreno el papel jugado por la Confederación General del Trabajo CGT es indiscutible e innegable. Esta organización nos ha acompañado de forma decidida y decisiva en la defensa y conquista de los logros alcanzados, consolidando nuestro prestigio y llevándonos de la mano a incursionar en escenarios que en la época de nuestra fundación eran impensados. Hoy si requerimos hablar con un ministro le llamamos y nos atiende o con cualquier otro alto funcionario del Estado, hecho que denota el avance de nuestro prestigio pues como habíamos dicho antes, para lograr esas citas, en los inicios de nuestra organización, requeríamos de que un senador o político llamara para solicitar la audiencia en nuestro nombre.

De esos 26 compañeros y compañeras ahora somos más de 1300, que avanzamos con paso firme hacia la consolidación de una organización pensante, deliberante y beligerante cuando corresponde, que mira al frente y considera que aún son muchos los retos por enfrentar y logros por alcanzar. El poder y prestigio de SINTRAPROAN, a la mano de la Confederación General Page 7 del Trabajo CGT y de la Unión de Trabajadores y Servidores del Estado UTRADEC son innegables y el nivel de interlocución alcanzado es inmejorable.

El mayor logro de nuestra organización sindical es la inscripción automática en carrera administrativa y la implementación de la misma para que los concursos que se adelanten sean transparentes y objetivos, más que los incrementos de salarios alcanzados en el 2007, 2010 y el reciente de diciembre de 2011, situaciones que demuestran con claridad que hemos hecho la tarea como corresponde, con las limitaciones que esta dura lucha impone. En todos los casos, éste estuvo en riesgo, la primera vez por los múltiples obstáculos que incluso provenían de funcionarios de la Procuraduría que hablaban en contra del incremento ante la Dirección General de Presupuesto y el Departamento Administrativo de la Función Pública, es decir en el año 2007, donde gracias al papel cumplido por nuestro presidente, de la mano del compañero JULIO ROBERTO GÓMEZ ESGUERRA, por entonces Secretario General de la CGT, se alcanzó el objetivo propuesto. En esos momentos debemos reconocer el papel cumplido por el Presidente de la República de la época, en la que ordenó proceder tal y como lo demandaba nuestra organización, con lo que se evitó que los recursos se destinaran a incrementar los salarios de los procuradores regionales y provinciales y nivelar a los grados 24 y 25 a los jefes de división y de sección y en cambio se destinaran al objeto del acuerdo alcanzado con el procurador.

Luego de nuevos e ingentes esfuerzos, se logró un nuevo incremento de salarios para la mayoría de los servidores, salvo para los de régimen antiguo, inexplicablemente excluidos, por error inadmisible, muy de la mano de los que también se proponían en el 2007, es decir, que tampoco hubiera incremento para estos servidores. El día 28 de julio de 2010, se alcanzó el respaldo nuevamente del Presidente URIBE quien da la orden de tramitar el incremento y por ello, el Departamento de la Función Pública esgrime, en la intervención por la demanda instaurada por los servidores antiguos, en la diligencia de conciliación prejudicial, que éste se había producido con fundamento en el escrito del Procurador General del 3 de agosto de ese año, dejando de lado las reuniones previas, esto es la de 16 de diciembre de 2009 en el Despacho del procurador General, la surtida en el Despacho del Presidente de la República en abril y mayo de 2010 así como en el despacho del Ministro de Hacienda y otra en el del Director General de Presupuesto en Febrero y marzo del mencionado año, sin contar con la realizada en el Despacho de la Secretaria Privada del Presidente a finales de mayo de ese año y las reuniones surtidas en plena 99 Conferencia de la OIT con el Ministro de la Protección Social y el Viceministro y la embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas con sede en Ginebra.

El último incremento se produjo en diciembre del año 2011, ya para terminar el año y fundamentalmente debido a que nuestra organización expreso su inconformismo ante la pretensión de incluir una prima técnica para los jefes de oficina y sección, que no constituía factor salarial. Nuestra organización no se opuso a este incremento, a pesar de lo expresado, fundamentalmente porque no somos quine para negarle un incremento de 4,66% a los servidores grados 03, sabiendo que el incremento fijado por el gobierno para el año 2011 fue el escaso 2%, es decir de alrededor de $19.000.oo pesos mensuales y porque es factor salarial y de él se favorecían cerca de 3000 empleados.

En la celebración de nuestros primeros quince años, contamos con el honor de la presencia en la ciudad de Medellín del Vicepresidente de la República, compañero ANGELINO GARZON, el Viceministro de Relaciones Laborales, el Procurador Delegado para los Derechos Humanos, los compañeros JULIO ROBERTO GÓMES ESGUERRA y PERCY OYOLA PALOMA, Presidentes de la CGT y UTRADEC respectivamente, además del Personero de Medellín y servidores de todos los rincones del país afiliados a nuestra organización sindical. Si bien era una fiesta, no era licencia para utilizar desmedidamente los recursos de nuestra organización, sino que lo fundamental era el acto político en los que se demostró el avance y consolidación del prestigio de nuestra organización. Vendrán muchos años más de luchas y logros, depende de la seriedad con la que nos comportemos y como preparemos a los cuadros de relevo, que afortunadamente pululan por doquier, en un franco impulso de un verdadero compromiso por una mejor entidad en la que, por ejemplo, el cargo de procurador general sea en virtud de concurso público, para periodo fijo, hecho que le dará mayor independencia de la clase política y haría más confiable la tarea cumplida por nuestra noble institución, así como que los cargos de procuradores departamentales, provinciales y judiciales pertenezcan a la carrera administrativa.